de Imagen Informativa Bajío, el miércoles, 21 de marzo de 2012 a la(s) 12:02 ·
El manejo del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial en San Miguel de Allende está coludido por intereses particulares, que además, afectan al desarrollo de esta ciudad.
De acuerdo con el contenido de una denuncia popular, presentada ante la PROFEPA la semana pasada, tanto el Consejo Coordinador Empresarial, como la CANACO y la Asociación ‘Salvando San Miguel’, se externó su preocupación de que el POET se convierta en un medio de coacción y extorsión para la utilización del suelo, por encima de la legislación urbana y ambiental vigente en el Estado de Guanajuato.
Los empresarios, en su denuncia popular, manifestaron su temor de que el POET “se vuelva una especie de ‘mafia’, dada cuenta la dudosa conducta de sus dirigentes respecto del proyecto ‘Lomas de Atotonilco’ y que esa sea la tónica con que se conduzcan tanto decisiones técnicas como las ‘dictaminaciones’ de este organismo”.
“No tienen derecho a mandar sobre el suelo, pues el POET, según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, solo tiene carácter consultivo”, señalaron varios miembros de estas organizaciones.
Remataron que “para ello ya existen en Guanajuato diversas autoridades formales, como el Instituto de Ecología del Estado y la Dirección de Desarrollo Urbano, que tienen todas las facultades para revisar expedientes y dictaminar el uso del suelo”.
+
Los denunciantes señalaron que las evidentes incongruencias en que han incurrido tanto el Presidente como la Secretaria Técnica de ese instrumento de control ambiental, Raúl Flores Salas y Sandra Pérez Melesio respectivamente, al favorecer con sus omisiones a la empresa ‘Banterra’, quien pretende desarrollar 8 Mil viviendas en la comunidad de Atotonilco, a 10 kilómetros de la cabecera municipal.
El reglamento que se auto concedieron los consejeros del POET lo calificaron como “ilegal y reviste la amenaza de convertir este instrumento ambiental en un medio de control privado sobre el uso del suelo al otorgarle al Comité Técnico la facultad de dictaminar la viabilidad cualquier proyecto, aun por encima de las autorizaciones dadas por las autoridades urbanísticas y ambientales del Estado de Guanajuato”.
El cuestionado reglamento fue autorizado por el Ayuntamiento sanmiguelense en octubre de 2011, sin que estuviera terminado dicho Plan de Ordenamiento y sin enmendar sus errores jurídicos.
Esta autorización dividió a los regidores y tuvo que ser desempatada a favor en el cabildo por el voto de calidad de la Presidenta, Luz María Núñez; exponiendo que esta fue “una circunstancia histórica en esa demarcación”.
Los firmantes de la Denuncia Popular ante la PROFEPA son: Ana Valeria Clares Martínez de Patronato Pro Juventud Sanmiguelence, A.C. Francisco García Chávez de CANIRAC en San Miguel de Allende. Juan José Alvarez Brunel, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miuel de Allende, A.C. James Sprowls Saury, represetante de Atotonilco Santuario de la Patria, A.C. Eric Cházaro Caveroy de la AMPI de San Miguel de Allende. Por Salvando San Miuel: Arturo Morales, Armando Rivera y Rodrio Treviño.
ResponderEliminar