La denuncia popular que interpusieron varios ciudadanos de la sociedad civil sanmiguelense es la tercera en contra del acuerdo del Ayuntamiento para cambiar el uso de suelo y favorecer al proyecto ‘Lomas de Atotonilco’.
El representante legal de la Canaco, el CCE y la Asociación Civil ‘Salvando San Miguel’, Gabriel Ballesteros, expuso que esta denuncia, ante la Procuraduría Federal de protección al Ambiente ‘PROFEPA’ expone que existe un ‘conflicto de intereses’ al interior del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial ‘POET’ en esta ciudad; ya que tanto el Presidente como la Secretaria Técnica, Raúl Flores Salas y Sandra Pérez Melesio respectivamente, omitieron la característica paleontológica de la Unidad de Gestión Ambiental No.6 para que fuera cambiada por alta densidad habitacional.
El abogado argumentó que existe, en el POET, un conflicto de intereses; porque son ‘juez y parte’.
Señaló que “promueven por un lado la modificación de un suelo para vivienda intensiva cuando, dentro del POET como autoridades civiles autodenominadas, se les olvida que ese suelo tiene características ambientales muy delicadas, como los vestigios paleontológicos”.
Los sanmiguelenses denunciantes, en voz de este litigante, recurrieron a la figura de la ‘denuncia popular’ ya que el acuerdo de Ayuntamiento citado aún no es publicado en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato.
Adicionalmente y al margen de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se acordó dicho cambio de uso de suelo, previo cumplimiento de 18 condicionantes que tendrá que acatar la empresa ‘Banterra’, empresa particular que fue favorecida con dicha decisión edilicia.
Gabriel Ballesteros vio difícil que esta empresa privada logre su cumplimiento, ya que varios de ellos carecen de fundamento legal, no hay razonamiento lógico y falta soporte técnico requerido.
“existen irregularidades serias, que se han violentado diversos artículos de la legislación urbana aplicable”.
Agregó que, independientemente de su cumplimiento, no se atendieron requisitos previos a dicho acuerdo, por lo que es ilegal.
“Yo, como autoridad, no puedo darle un derecho a un ciudadano y después pedirle que me traiga los requisitos”, ejemplificó al referir el actuar del Municipio.
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Esta es la tercera denuncia legal al respecto de este caso.
La primera fue ante la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, que sigue su curso a la espera de la definición de la Dirección de Fraccionamientos del Gobierno estatal.
La segunda querella se interpuso ante la Contraloría Municipal, donde se aportaron más pruebas y la investigación también está en proceso.
Derivado de los respectivos resolutivos de estas denuncias, las sanciones para los integrantes del Ayuntamiento solo las podría determinar el Congreso del Estado, en base a la Ley Orgánica Municipal.
